La Convenci¨®n sobre la Prohibici¨®n del Empleo, Almacenamiento, Producci¨®n y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucci¨®n, tambi¨¦n conocida como la , es un logro hist¨®rico en el desarme humanitario. Negociada en 1997 a trav¨¦s del Proceso de Ottawa y entrando en vigor en 1999, la Convenci¨®n es el producto de una asociaci¨®n ¨²nica entre gobiernos, organizaciones internacionales, la sociedad civil y sobrevivientes de minas terrestres, con las Naciones Unidas como un convocante clave. La Convenci¨®n proh¨ªbe el empleo, la producci¨®n, el almacenamiento y la transferencia de minas antipersonal, al tiempo que obliga a los Estados Parte a limpiar las tierras contaminadas, destruir las existencias y ayudar a las v¨ªctimas. Con 166 Estados Parte en abril de 2025, sigue siendo uno de los tratados de desarme con mayor apoyo en la historia y una piedra angular del derecho humanitario.
El impacto de la Convenci¨®n ha sido profundo. , millones de metros cuadrados de tierra se ha hecho seguros para la agricultura y el reasentamiento, y se ha dado voz a los sobrevivientes en la pol¨ªtica global. Y lo que es m¨¢s importante, la Convenci¨®n ha establecido una norma global que rechaza las minas antipersonal por considerarlas armas indiscriminadas que no tienen cabida en la guerra moderna.
He trabajado en la acci¨®n contra minas en muchas regiones, incluyendo Afganist¨¢n, Camboya, Colombia, Sud¨¢n y, m¨¢s recientemente, Ucrania. La historia es tr¨¢gicamente familiar: comunidades que luchan por recuperarse, familias desplazadas, ni?os que recorren caminos peligrosos hacia la escuela y civiles mutilados o muertos por explosivos enterrados. Cada mina desmantelada no es solo un ¨¦xito t¨¦cnico, sino tambi¨¦n una restauraci¨®n de la dignidad y la esperanza. La APMBC evit¨® que la crisis se intensificara; entre 1997 y 2012, se destruy¨® la mayor¨ªa de las minas almacenadas, no se produjo ning¨²n nuevo uso a gran escala y se arraig¨® el estigma contra su despliegue. El marco de la Convenci¨®n facilit¨® este progreso e inspir¨® otros tratados emblem¨¢ticos, como la y el .
Hoy, sin embargo, la APMBC se enfrenta a una realidad que da mucho que pensar. Por primera vez en su historia, los Estados Partes han comenzado a retirarse en aras de la defensa nacional. En 2025, varios pa¨ªses de Europa del Este tomaron esta decisi¨®n, alegando el aumento de las amenazas a la seguridad en el contexto de la guerra contra Ucrania. La propia Ucrania ha manifestado intenciones similares, incluso cuando la contaminaci¨®n por minas en su territorio alcanza niveles no vistos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Estas son decisiones soberanas, pero marcan un punto de inflexi¨®n sin precedentes. Tras d¨¦cadas de expansi¨®n y consolidaci¨®n, la Convenci¨®n debe ahora demostrar su resiliencia ante la presi¨®n de la renovada tensi¨®n geopol¨ªtica y la agresi¨®n no provocada.
Este momento de tensi¨®n hace a¨²n m¨¢s urgente recordar el prop¨®sito central de la Convenci¨®n: proteger a los civiles. Busca proteger a las comunidades de armas que no distinguen entre combatientes y ciudadanos comunes. Esta protecci¨®n es m¨¢s dif¨ªcil de lograr en conflictos activos, donde las minas se colocan a lo largo de frentes cambiantes y cerca de zonas civiles. Sin embargo, la obligaci¨®n sigue siendo prevenir nuevos usos y preparar el terreno para la recuperaci¨®n una vez finalizados los combates.
Para los Estados que se enfrentan a una invasi¨®n, la justificaci¨®n del uso de minas como medida disuasoria puede ser convincente. Esta realidad no disminuye el coste humanitario, pero s¨ª subraya la intensa presi¨®n que ahora pone a prueba la Convenci¨®n y sus limitaciones. Cuando se despliegan minas en respuesta a una invasi¨®n armada, es dif¨ªcil criticar las decisiones desesperadas tomadas en defensa de la soberan¨ªa nacional. Tambi¨¦n debe reconocerse que muchos de los ej¨¦rcitos m¨¢s poderosos del mundo, como China, India, Pakist¨¢n, la Federaci¨®n Rusa y Estados Unidos, nunca se han adherido a la Convenci¨®n. Si bien la APMBC crea un estigma global que disuade su uso m¨¢s all¨¢ de sus miembros, su fuerza siempre se ha basado m¨¢s en la autoridad moral que en la universalidad.
Lo que est¨¢ en juego no es solo el progreso alcanzado en virtud de la Convenci¨®n, sino tambi¨¦n la norma humanitaria que representa: que los civiles deben estar protegidos de las armas que matan indiscriminadamente. Si ese principio falla en un pa¨ªs, tambi¨¦n puede fallar en otros.
Lo que no debe olvidarse es la raz¨®n por la que se cre¨® la Convenci¨®n. Las minas antipersonal constituyen un atentado directo contra los derechos humanos. Matan y mutilan indiscriminadamente, a menudo d¨¦cadas despu¨¦s del fin de los combates. Los sobrevivientes enfrentan consecuencias f¨ªsicas, psicol¨®gicas y econ¨®micas de por vida. Las minas niegan la libertad de movimiento, bloquean la ayuda humanitaria y privan a las comunidades de los recursos esenciales para la vida. No es casualidad que la asistencia a las v¨ªctimas se convirtiera en una obligaci¨®n fundamental en virtud de la APMBC, una medida pionera en el derecho internacional que situ¨® a los sobrevivientes en el centro del desarme.
La acci¨®n contra las minas es un factor esencial para el desarrollo sostenible. El desminado no se limita a eliminar peligros; posibilita la recuperaci¨®n y el crecimiento. En Angola, la limpieza de tierras agr¨ªcolas ha revitalizado la agricultura y el comercio. En Camboya, las familias han ampliado el cultivo de arroz en arrozales previamente contaminados. En Ucrania, la limpieza de minas es crucial para restablecer las exportaciones de cereales que alimentan al mundo y estabilizan los mercados, con consecuencias que repercuten en la seguridad alimentaria mundial y los costos energ¨¦ticos. Al reducir la pobreza, fortalecer los sistemas de salud, facilitar la educaci¨®n y los medios de vida, y promover la paz y la justicia, la acci¨®n contra las minas contribuye directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un requisito previo para la recuperaci¨®n y la resiliencia, sin los cuales otras inversiones no pueden consolidarse.
A pesar de los desaf¨ªos actuales, el pacto humanitario de la APMBC se mantiene s¨®lido. Organizaciones humanitarias, autoridades nacionales y socios de las Naciones Unidas est¨¢n desminado tierras contaminadas, educando a las comunidades sobre los riesgos y construyendo sistemas nacionales de acci¨®n contra minas. Las nuevas tecnolog¨ªas tambi¨¦n est¨¢n transformando este campo. Los drones, la inteligencia artificial, la cartograf¨ªa digital y los sistemas mec¨¢nicos avanzados est¨¢n acelerando la prospecci¨®n y el desminado, mientras que las nuevas generaciones de sensores mejoran tanto la eficacia como la seguridad de los desminadores. Los sobrevivientes influyen cada vez m¨¢s en las pol¨ªticas, garantizando que quienes han vivido las consecuencias de las minas tengan voz en la forma de abordarlas.
He visto estas colaboraciones en acci¨®n. En el ¨®blast de J¨¢rkov, en Ucrania, los equipos de acci¨®n contra minas se esfuerzan por garantizar la seguridad de las tierras de cultivo en el marco de un programa de compensaci¨®n financiado por el gobierno. En Sud¨¢n, los desminadores locales despejaron carreteras que permitieron a las fuerzas de paz y a los convoyes humanitarios llegar a comunidades remotas. En Afganist¨¢n, miles de hombres han encontrado empleo estable gracias a la limpieza de minas, lo que les permite mantener a sus familias, invertir en la econom¨ªa local y evitar la radicalizaci¨®n. En Colombia, las redes de supervivientes ayudan a reintegrar a excombatientes y a fortalecer los procesos de paz. En Angola, escuelas y hospitales se alzan ahora en terrenos previamente minados. En Mozambique, la desminaci¨®n de carreteras permiti¨® a millones de refugiados regresar a sus hogares desde pa¨ªses vecinos.
Estos no son logros pol¨ªticos abstractos, sino realidades vividas, posibles gracias a los compromisos consagrados en la Convenci¨®n sobre el Control de Minas Antipersonal. A medida que algunos Estados Partes reconsideran su participaci¨®n, la comunidad internacional puede responder con una diplomacia sostenida y apoyo a la acci¨®n pr¨¢ctica contra minas sobre el terreno. En lugar de aislar a los gobiernos bajo presi¨®n, los esfuerzos deber¨ªan encaminarse a mantener viva la cooperaci¨®n de manera que se protejan los principios fundamentales de la Convenci¨®n y se mantenga abierta la puerta a futuros compromisos renovados.
El camino a seguir exige valent¨ªa pol¨ªtica y compromiso pr¨¢ctico. Los Estados Partes deben cumplir con sus obligaciones de limpieza y asistencia, no como una formalidad, sino como un recurso vital para los civiles que a¨²n viven bajo amenaza. Los donantes deben mantener y ampliar su apoyo, especialmente en emergencias, donde la financiaci¨®n es insuficiente. Es necesario reactivar el compromiso de los pa¨ªses no pertenecientes a la Convenci¨®n, no solo mediante llamamientos morales, sino demostrando los beneficios de la acci¨®n contra las minas para el desarrollo y la recuperaci¨®n. La innovaci¨®n debe acelerarse en los temas tecnol¨®gicos, pero tambi¨¦n en la forma en que financiamos, colaboramos y desarrollamos la capacidad local. Solo con un liderazgo audaz y visible de los Estados Partes, la Convenci¨®n sobre el Control de Minas Antipersonal podr¨¢ seguir cumpliendo su promesa.
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